La secretaria de Interior británica, Theresa May, podría anunciar durante una intervención que tendrá lugar hoy nuevas medidas de seguridad que implicarían obligar a las compañías de telecomunicaciones del país a guardar un registro con la actividad de los usuarios de ordenadores y teléfonos, que les puede ser requerido por la policía para identificar a sospechosos.
Así lo publica el Wall Street Journal, que encuadra esta medida en una estrategia global del gobierno británico para controlar y vigilar las comunicaciones, y explica que las autoridades del mismo consideran que es una acción necesaria en la lucha contra el terrorismo y la pederastia.
De esta forma, los proveedores de acceso a Internet podrían estar obligados a rastrear y registrar la actividad que se produce desde las IP de sus usuarios y, en último extremo, a facilitar esa información a las fuerzas de seguridad. May aseguró ayer en una entrevista en la BBC que, de aprobarse, esta legislación no permitiría a las autoridades acceder a datos más específicos de las comunicaciones entre los usuarios.
“Es un paso adelante, pero no el camino completo”, explicó la secretaria, quien aseguró que esta medida resultaría útil para identificar sospechosos de actos delictivos, pero no permitiría, por ejemplo, identificar uno a uno a los usuarios que descargan contenido ilegal de la red. Otros miembros del ejecutivo han asegurado que esta legislación tampoco implicaría el seguimiento de todos los usuarios.
Está muy poco claro todavía qué pretende hacer exactamente el gobierno británico y, sobre todo, si verdaderamente le servirá para los propósitos que dice tener, puesto que la dirección IP no se corresponde exactamente con la huella que un usuario deja en la red. Una misma IP puede ser compartida por varios dispositivos distintos y, a su vez, un mismo dispositivo puede ser utilizado por diferentes usuarios. por otro lado, existen formas de enmascarar y modificar la IP.